Como cada año, cuando llega el mes de abril al calendario español
comienza la campaña de la declaración de la renta. Y, como cada año, cuando
llega al calendario la la fecha de la declaración de la renta, ciertos grupos
políticos y medios de comunicación, comienzan su campaña manipuladora de
desprestigio a la Iglesia, la institución que, quizás, en medio de esta
galopante crisis, más está haciendo por la sociedad.
La mentira y la falsedad llevan ya semanas pululando por las páginas
de los periódicos, en las televisiones y en las redes sociales, quizás el
espacio donde más viscerales son las críticas, los insultos y las falacias
varias. La manía por intentar persuadir a la opinión pública de que la Iglesia
recibe subvenciones directas de los presupuestos generales del Estado es ya una
práctica habitual de los grupos antieclesiales. Usar la mentira para
desacreditar a la Iglesia es una rutina que, como el estribillo de una canción,
se repite cada año.
A esta gente habría que decirle que la Iglesia no recibe ninguna
partida de los presupuestos generales del Estado. Se financia única y
exclusivamente de las aportaciones que los católicos y los ciudadanos que
valoran la labor espiritual y material que realiza la Iglesia quieran hacer a
través de su declaración. Ellos deciden qué parte de sus impuestos van para la Iglesia. No es el Estado quien otorga nada, sino la gente que
lo desee.
Ya. Pero… ¿y las ayudas a hospitales, colegios concertados o
Cáritas?, vuelven a echarnos en cara. Y nosotros, respondemos: «El colegio
católico recibe dinero público no por ser católico, sino por ser colegio; el
hospital católico recibe dinero público no por ser católico, sino por ser
hospital». Es más, gracias al servicio que la Iglesia realiza en sus 107
hospitales y 1.004 centros de atención sanitaria; la enseñanza a más de 1,4
millones de alumnos en sus 5.347 colegios y los dos millones de personas
atendidas en Cáritas ahorran cada año al Estado más de treinta mil millones de
euros.
Y sí, esta labor es la que critican ciertos grupos de presión que se
financian directamente –ellos sí– de los presupuestos estatales.
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