¿Puede un Estado imponer a los ciudadano un determinado estilo de vida, aunque fuera en contra de sus propios principios y convicciones? Esa es la batalla que se está debatiendo desde hace algunas semanas en Estados Unidos entre el ejecutivo de Barak Obama y los católicos del país. Una cuestión que preocupa a unos -los obispos- desde el punto de vista moral; y a otros -Obama- desde el político. Sí, porque se juega mucho -en cuestión de votos- el primer presidente negro de los Estados Unidos. Es por eso por lo que se ha replanteado incluso su propuesta.
Obama quiere que todas las empresas e instituciones del país, incluyendo las católicas, contengan, en los planes de salud que pagan a sus empleados, anticonceptivos, ligaduras de trompas y abortos. Es decir, los católicos se verían obligados a pagar a sus empleados este tipo de actos por exigencia de la ley, cuando está en clara contradicción con la moralidad católica. La oposición de los católicos, con los obispos a la cabeza, ha llevado a Obama a replantear la cuestión -movido por la importancia que tiene para él en estos momentos el voto católico-, afirmando que serán las propias aseguradoras, y no los empresarios, a pagar tales actos inmorales. Pero el problema sigue abierto: incluso las aseguradoras católicas tendrían que seguir el plan dictado por el gobierno. Y los católicos siguen en pie de guerra.
El hecho, una vez más, nos lleva al delicado ámbito de la objeción de conciencia. En una sociedad democrática ciertas cuestiones no se deben imponer, y mucho menos cuando atacan a las propias convicciones de sus ciudadanos. Estaría mucho más contento si Obama reculara en su idea no por un puñado más o menos de votos, sino porque se diera cuenta de que un asesinato es insostenible y nadie puede estar obligado a cometerlo. Obama, por favor, respete la libertad de los católicos: no les exija acometer lo que de por sí es odioso.
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